El fenómeno de la globalización y la existencia de grandes corporaciones económicas que operan en todo el mundo nos enfrenta a la decisión de como podemos controlar a este tipo de empresas que ostentan un poder enorme. El Compliance nos ofrece una solución innovadora a este problema.

El problema de como controlar a este tipo de estructuras empresariales no es nuevo. De hecho, en los Estados Unidos este debate se viene produciendo desde principios del siglo XX y las respuestas ofrecidas han sido fundamentalmente dos:

  1. Por un lado están los que proponen descentralizar el poder económico a través de una política que fomente la empresa de base local reforzando la competencia.
  2. Por otro lado, una segunda corriente viene entendiendo que la única forma de hacerle frente a empresas de tan gran tamaño es contar con un Gobierno del mismo tamaño.

En mi opinión, la primera de las opciones no se sostiene porque parece que en este momento el proceso de concentración empresarial es irreversible.

La segunda opción, sin embargo tampoco me parece adecuada  porque muchas de estas empresas trascienden a los Estados y además porque hacer crecer el Gobierno de esa manera probablemente acarrearía un nivel de gasto insostenible.

Sin embargo el Compliance nos ofrece una tercera vía. Los Gobiernos (fundamentalmente los anglosajones) se han dado cuenta de que no tienen la capacidad de controlar todo lo que sucede en sus empresas por lo que han ideado una nueva fórmula.

Lo que se consigue con el Legal Compliance es desplazar esa función de control del Estado a los sitios en los que existe riesgo de que se produzcan los delitos.

Así la filosofía que da lugar al Legal Compliance hace responsable penalmente tanto a la empresa en cuyo seno se produce el delito como a los administradores de la misma, ofreciéndoles una salida a esta responsabilidad: si la empresa demuestra contar con un plan de prevención de delitos destinado a evitar que se produzcan los mismos esta será eximida de responsabilidad penal.

Así se consigue un doble objetivo:

  1. Por un lado, el Estado consigue tener controlado todos los focos de posible riesgo de comisión de delitos dentro de las empresas que operan en su territorio.
  2. Por otro lado, de esta manera se implanta una cultura de cumplimiento en el seno de las empresas, lo que debería conllevar la disminución de delitos cometidos en las mismas.

En mi opinión esta tercera vía que propone el Legal Compliance nos ofrece la respuesta más adecuada sobre cuál debe ser la fórmula que permita a los Gobiernos controlar lo que sucede en nuestras empresas sin necesidad de sobredimensionarse.