El concurso de acreedores es el procedimiento jurídico que se inicia cuando un negocio se enfrenta a problemas de insolvencia y falta de liquidez.

A pesar de que en la mayoría de los casos el concurso de acreedores es solicitado por empresas (desde PYMES hasta grandes empresas), este procedimiento también es aplicable a personas físicas, como autónomos.

Los objetivos que se persiguen a través del concurso de acreedores son fundamentalmente dos:

  1. conseguir la continuidad del negocio
  2. lograr que los acreedores cobren las cantidades que se les adeudan.

Sin embargo, ninguno de los dos objetivos son fáciles de conseguir.

En cuanto a la continuidad del negocio, las cifras en España son desalentadoras. Sólo un 10% de las empresas que solicitan el concurso de acreedores consigue continuar el negocio frente al 50% de media en Europa.

Respecto a las deudas existen 3 categorías de créditos concursales y las categorías de cobrar está directamente relacionada con la categoría en la que se encuadre la deuda.

Los créditos concursales pueden ser: privilegiados, ordinarios y subordinados.

Los créditos privilegiados se dividen entre aquellos que tienen privilegio especial y los que tienen privilegio general. Dentro de los créditos con privilegio especial podemos destacar los préstamos hipotecarios y dentro de los créditos con privilegio general destacamos los salarios atrasados. Este tipo de deudas son las únicas en las que realmente hay posibilidades de cobrar dentro de un concurso de acreedores.

En segundo lugar se encuentran los créditos ordinarios, que son los que engloban la mayor parte de las deudas que la empresa en concurso de acreedores mantiene con sus proveedores habituales. En estos casos la posibilidad de cobrar se reduce de manera drástica.

Por último, y sin apenas posibilidades de cobro aparecen los créditos subordinados entre los que destacan las deudas con los socios, multas…

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