Las participaciones preferentes son un producto financiero complejo que aúna características de la renta fija y de las acciones. Su principal característica, es su carácter perpetuo, lo que significa que no tienen vencimiento (en contra de lo que en muchas ocasiones se les dijo a los clientes).

De su carácter perpetuo, se derivan la mayor parte de los problemas generados por este tipo de productos, ya que a la hora de recuperar el dinero, el cliente tiene que poner las preferentes a la venta y esperar a que alguien las compre, con el riesgo de que las ofertas sean muy a la baja, y por tanto pierda dinero.

Además, se trata de productos no garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), por lo que, si el banco quiebra, ese dinero no está garantizado (a diferencia de lo que ocurre con los depósitos a plazo fijo)

Como ventaja, estos productos suelen ofrecer unas rentabilidades muy elevadas.

Una vez que hemos visto las principales características de las preferentes, toca analizar como se han vendido este tipo de productos.

El gancho utilizado para su venta fue el de su altísima rentabilidad (la mayoría ofrecía rentabilidades de hasta el 7%). Sin embargo, el problema es que se ofreció a todo tipo de clientes, siempre que tuvieran saldo suficiente para adquirirlas, incumpliendo en muchos casos la obligación de informar explícitamente de las características del producto, tales como:

  • Rentabilidad no garantizada.
  • Capital no garantizado.
  • Riesgos por insolvencia del emisor.
  • Limitaciones del mercado secundario.

A todo ello hay que sumar que, también en muchos casos, las entidades financieras incumplieron con la Directiva Europea MIFID, que les obliga a realizar test de idoneidad previos a la contratación de este tipo de productos financieros.

Por último, toca ahora analizar las distintas posibilidades que tiene el inversor a la hora de reclamar frente a las entidades financieras. Fundamentalmente son 3:

  • Canjear las participaciones preferentes por otros productos, tales como acciones ordinarias, deuda a plazo fijo u obligaciones subordinadas. Tras el Real Decreto Ley de Restructuración y Resolución de Entidades de Crédito, aprobado el 31 de agosto, para llevar a cabo esta opción deberán tenerse en cuenta el valor de mercado, aplicando un descuento sobre el nominal acorde con la normativa europea, lo que supone una importante pérdida para el cliente.
  • Demandas civiles individuales. Esta es a mi juicio la mejor opción, ya que son numerosísimas las demandas interpuestas por afectados que se han resuelto a favor de los clientes. En estos casos, el Juez, debe analizar si hubo error en el consentimiento y en caso de que así fuese condenar a la entidad a devolver el dinero invertido.
  • Arbitraje. Esta opción tiene como principal ventaja que en caso de acuerdo el laudo arbitral se suele resolver antes que los procesos civiles. Sin embargo, si no lo hay, el proceso puede alargarse durante meses. Como inconveniente añadido hay que señalar que el laudo no admite recurso (salvo la revisión del laudo).