El artículo 27 del Código Penal establece que:

El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecidas para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses.

Sin embargo, al tratarse de un delito de los que requieren la presencia de dolo (voluntad y conocimiento de cometer un acto delictivo), no basta con incumplir el pago de prestaciones económicas, sino que es preciso que el obligado, pudiendo pagar no lo haga.

En este punto es fundamental destacar el hecho de que quien tiene que probar la concurrencia de circunstancias que imposibiliten el pago, acreditando de este modo la ausencia de dolo, será el propio acusado. Es suficiente la existencia de dudas razonables sobre la intención y la capacidad económica para motivar la absolución.

También es muy importante tener en cuenta que, tal y como se recoge en numerosas sentencias, no se requiere una situación de necesidad por parte de quien tiene derecho a recibir la prestación, ni que se derive del impago de dicha prestación perjuicio alguno por la no percepción de la prestación, para que pueda ser apreciada la comisión del tipo delictivo.

Por último, a modo de resumen, podemos concluir que los elementos constitutivos del tipo penal de impago de pensiones serán los siguientes:

  • Que exista resolución judicial que establezca la obligación del pago de dicha prestación económica.
  • El no pago de esta prestación en el tiempo y cuantía establecidos.
  • Posibilidad de que dicho pago se pueda realizar.
  • Conocimiento de la resolución judicial unido a la voluntad de no realizar el pago.