El artículo 93 del Código Civil establece que si hubiera hijos mayores de edad que carecen de recursos propios, estos podrán reclamar la pensión de alimentos mientras no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Esta obligación se deriva directamente del principio de la solidaridad familiar de nuestra Constitución, que en el artículo 39.1 proclama que los poderes públicos han de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia.

De la lectura de los anteriores preceptos se puede concluir que la llegada a la mayoría de edad de los hijos no extingue de por sí la obligación del pago de la pensión de alimentos. Dicha obligación subsistirá en tanto en cuanto el hijo mayor de edad no puede generar recursos propios.

Sin embargo, esta obligación puede extinguirse si dicha falta de recursos depende de la voluntad del hijo solicitante de la pensión. Así, si se probas que el hijo mayor de edad no rinde en sus estudios ni hace nada por incorporarse al mercado laboral la obligación del abono de la pensión puede extinguirse.

Es en este punto donde la incidencia de la crisis económica que estamos atravesando empieza a surtir sus efectos de manera muy clara. Hasta hace unos años, se tenía en cuenta tanto a la hora de prorrogar las pensiones compensatorias como las de alimentos a lo hijos mayores de edad simplemente circunstancias tales como la formación académica, la cualificación profesional, la edad y un buen estado de salud como los elementos que determinaban las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo del perceptor de la pensión. Sin embargo, y como consecuencia de la crisis económica los Tribunales valoran las dificultades de incorporación al mercado laboral pasa a valorarse la actitud negligente o no del perceptor de la pensión como elemento determinante para decidir la extinción de la pensión de alimentos.

Tal y como hemos dicho, ha pasado de considerarse que cuando un hijo mayor de edad dejaba sus estudios o no los terminaba y no trabajaba era por causas imputables a el a tener en cuenta la situación actual del mercado laboral, de tal modo que lo que ahora resulta determinante es la diligencia en la búsqueda de trabajo o su buena disposición en los estudios.

A todo lo anterior, y aunque en este punto ya parezca un obviedad, hay que añadir una nueva circunstancia a la hora de decidir sobre la prórroga o no de la obligación del pago de la pensión de alimentos: la situación del mercado laboral también puede afectar al progenitor obligado a pagarla.

Por todo ello, parece conveniente que para la toma de este tipo de decisiones se valoren adecuadamente las circunstancias de cada caso y no caer en decisiones estandarizadas que difícilmente reflejarán la situación concreta de cada familia.