Como ya hemos explicado en otros posts, el Legal Compliance debe ser la hoja de ruta de cualquier empresa que quiera ser sostenible en el tiempo. Del mismo modo entendemos que el Compliance debe tener como objetivo instaurar en toda la organización una “cultura del cumplimiento” que debe abarcar desde el equipo de dirección hasta el último empleado de la misma.

Sin embargo, en este post vamos a explicar la responsabilidad penal en la que pueden incurrir los administradores de empresas.

Para ello resulta imprescindible empezar conociendo como aborda este tema el Código Penal, que en su artículo 31 establece que: “El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura del delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.”

Del mismo modo, tal y como se recoge en el artículo 11 del mismo Código Penal, la no evitación de delitos de empleados o directivos en el seno de la empresa puede conllevar la imputación del delito en la variante de comisión por omisión, ya que se hace recaer sobre los administradores un deber de control para la evitación de delitos en el ámbito de la sociedad.

Por lo tanto, es fundamental que para evitar este tipo de responsabilidades penales el órgano de administración adopte un programa de cumplimiento o Compliance que permita prevenir la comisión de delitos en el seno de la empresa o al menos reducir significativamente el riesgo de que se cometan dichos delitos.

Llegados a este punto debemos preguntarnos, ¿que requisitos ha de cumplir dicho programa?

  1. Debe identificar las actividades en cuyo ámbito se pueden cometer los delitos que se trataran de evitar.
  2. Debe establecer los protocolos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica y la adopción de acuerdos en el seno de la misma.
  3. Debe disponer de los recursos financieros adecuados.
  4. Debe imponer la obligación de informar de posibles riesgos así como de los posibles incumplimientos al órgano encargado de vigilar y velar por el correcto funcionamiento del programa de prevención.
  5. Debe establecer un régimen disciplinario que sancione los incumplimientos del plan.
  6. Por último, debe ser revisado de forma periódica y ser adaptado a las nuevas circunstancias de la empresa.

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